Hoy, 28 de enero, miles de tuiteros de todo el mundo se han sumado a la iniciativa #TwitterBlackOut.

¿En qué consiste esta iniciativa?

Recientemente, Twitter declaró que iba a implantar un nuevo sistema para bloquear los tweets que resulten ilegales en ciertos países.

Por extraño que parezca, algunos países no permiten publicar cualquier tipo de mensaje. Por ejemplo, en Alemania es ilegal hacer apología del nazismo y en España es ilegal insultar al rey.

Hasta ahora, igual que hace la mayoría de servicios y medios de comunicación internacionales, cuando Twitter recibía una orden judicial para retirar un contenido, se retiraba completamente de Twitter para que ningún usuario pudiera acceder a él.

Ahora, con el nuevo sistema, en lugar de retirar el contenido para todo el mundo, aparecerá un mensaje únicamente en el país o países donde sea ilegal. De modo que si escribes un tweet que resulta ilegal en Alemania, los alemanes no podrán leerlo, pero el resto del mundo sí.

Si este sistema es menos restrictivo que el anterior. ¿Por qué se queja la gente tanto ahora y antes vivían felices?

Muy sencillo: la gente no piensa por sí misma.

Como pasa muchas veces, alguien empezó a decir que Twitter había decidido ponerse a censurar mensajes y que se perdía la libertad de expresión en la red social.

Aunque este mensaje no sea cierto, mucha gente lo creyó ciegamente porque es más fácil asumir que todo lo que lees en redes sociales es verdad y que todo lo que publican los medios de información tradicionales está manipulado.

El paso dos es dar fuerza al rumor a base de divulgarlo haciendo hincapié en la cantidad de gente que lo está redivulgando en lugar de intentar contrastarlo.

Y así se genera un efecto bola de nieve de alarmismo innecesario y de gente que solo tuitea chistes tontos quejándose porque se supone que les vulneran su libertad de expresión.

Si queréis más información sobre el tema, os recomiendo este post: https://www.eff.org/deeplinks/2012/01/what-does-twitter%E2%80%99s-country-country-takedown-system-mean-freedom-expression

Acabo de leer en Europa Press que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que el canon digital que se aplica en España no es compatible con la normativa comunitaria.

Según la abogada general Verica Trstenjak, el canon debería aplicarse únicamente a los dispositivos que presumiblemente vayan a utilizarse para realizar copias privadas.

Por lo tanto, España debería dejar de aplicar el canon de forma indiscriminada como hasta ahora.

La lectura pesimista nos dice que España puede aceptar la resolución y dejar de aplicar el canon a las empresas, pero seguirlo aplicando a los usuarios domésticos. Y la lectura aún más pesimista nos dice que pueden llegar a suplir las “pérdidas” que eso suponga aumentando el precio del canon que pagamos cada vez que compramos, por ejemplo, un paquete de folios.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

C&P del bog de Enrique Dans